XI.- ARTURO NÚÑEZ, SALVA DE JUICIO POLÍTICO A ROBERTO MADRAZO

Por: Armando Guzmán

Librado el Tabascogate y con el carro completo para el PRI en las elecciones federales y locales de 1997, en abril de 1998 se inició un procedimiento de juicio político en contra de Roberto Madrazo.

Un dictamen elaborado por la Subcomisión de Examen Previo de la Cámara de Diputados, consideró que existían “indicios suficientes” para presumir que el gobernador de Tabasco incurrió en “violaciones graves” de cuatro artículos de la Constitución.

Según el texto, existían fundadas presunciones de que Madrazo obstaculizó abierta y deliberadamente el esclarecimiento de sus gastos de campaña; hizo manejo indebido de recursos federales; ejerció violencia moral mediante amenazas que atentaron contra la vida y la integridad física de una parte del electorado, y perpetró ataques a las instituciones democráticas, a la forma de gobierno y a la libertad de voto.

El dictamen establecía que, conforme a las denuncias presentadas por el panista Juan José Rodríguez Prats, el perredista Octavio Romero Oropeza y los miembros de Alianza Cívica, Francisco Goitia y Manlio Cobos, Madrazo tenía “un patrón de conducta generalizado” en:

  1. a) La presunta violación de preceptos constitucionales al obstaculizar, en su calidad de gobernador, el esclarecimiento de los gastos de su campaña electoral, con lo cual se vulneran los principios de elecciones libres y auténticas para la conformación de los órganos de poder del Estado.
  2. b) La presunta comisión de hechos violatorios de la libertad de sufragio, coaccionando el voto de los electores mediante la utilización de fondos públicos federales en el proceso electoral federal del 6 de julio de 1997.
  3. c) El presunto manejo indebido de recursos federales.

Luego que el PRI perdiera la mayoría absoluta de las diputaciones federales en las elecciones del 6 de julio de 1997, el legislador federal panista, Juan José Rodríguez Prats, ex contendiente de Madrazo por la gubernatura, presentó el 9 de octubre la primera demanda de juicio político.

El 12 de diciembre lo hizo Octavio Romero Oropeza, dirigente estatal del PRD; y el 9 de febrero de 1998, la organización Alianza Cívica, por conducto del sacerdote jesuita Francisco Goitia.

En su demanda, Rodríguez Prats acusó a Madrazo de haberse excedido en los gastos de campaña y de “controlar, manipular y propiciar que una oficina administrativa de su gobierno”, la Procuraduría de Justicia, archivara la denuncia por sus gastos de campaña que, por ser de su competencia, le turnó la PGR.

En el dictamen de la Subcomisión de Examen Previo se establecía que la procuraduría de Justicia de Tabasco, “decidió archivar el asunto a escasos días de haberlo recibido, sin haber realizado ninguna diligencia”.

Por lo tanto, no existía interés de Madrazo para esclarecer los hechos, pues había impedido en forma abierta y deliberada “que la opinión pública conozca el resultado de las investigaciones respecto de los múltiples cuestionamientos a la forma como se han constituido los poderes en dicha entidad, pues hasta esta fecha no se han esclarecido las denuncias del gasto excesivo de su campaña electoral”.

“Lo que se imputa políticamente al gobernador aludido en este dictamen no son en sí los gastos de su campaña electoral, sino que su actuación como gobernador ha obstruido que se investiguen los gastos de su campaña en donde fue electo”, refería el dictamen y agregaba:

“Los gobernados han quedado en estado de indefensión en torno al esclarecimiento de los gastos de campaña del hoy gobernador del estado de Tabasco, Lic. Roberto Madrazo Pintado, lo cual hace presumir evidencias de un apartamiento de los preceptos constitucionales que rigen nuestro sistema de gobierno republicano”.

En la demanda promovida por el perredista Romero Oropeza, se tomó en cuenta el informe que en Tabasco recabó un grupo plural de diputados federales sobre la compra de votos, presiones y utilización de obras federales por parte del gobierno de Madrazo para favorecer al PRI en las elecciones federales del 6 de julio de 1997.

En la de Alianza Cívica, sobre manejo indebido de recursos y fondos federales y estatales, la Subcomisión desechó éste último por tener carácter local, pero en cambio tomó en cuenta un estudio en torno del manejo de los recursos federales.

“Los hechos denunciados hacen presumir que el gobernador aludido ha cometido violaciones graves a los planes, programas y presupuestos de la administración pública federal, toda vez que al destinar a rubros no autorizados los recursos federales provoca consecuentemente distorsión en los presupuestos de ingresos y egresos federales y ocasiona perjuicio a los intereses públicos fundamentales y a su buen despacho”.

Así, dado que existían “indicios suficientes” para presumir que Madrazo “ha hecho uso indebido de fondos y recursos federales”, también en este caso procedió incoarle juicio político.

En suma, según el dictamen, existían “indicios suficientes” para presumir que Roberto Madrazo había incurrido “en violaciones graves” a los artículos 39, 40, 41 y 110 de la Constitución.

Sólo faltaba que la mayoría de los catorce diputados de la Subcomisión de Examen Previo aprobaran el dictamen para turnarlo a la siguiente instancia.

El 14 de abril de 1998, la Subcomisión de Examen Previo aprobó el dictamen y declaró procedente el juicio político en contra del gobernador Roberto Madrazo.

Siete de los 14 miembros de la Subcomisión -del PAN, PRD y PT- aprobaron el dictamen toda vez que el PRI se negó asistir a la sesión por considerar que la convocatoria no se apegaba a los términos legales.

El PRI, con seis votos en la Subcomisión, argumentó que la sesión había sido ilegal porque para hacer quórum se necesitaban siete diputados más uno.

Los opositores replicaron que como uno de sus miembros (Jorge Emilio González, del Partido Verde Ecologista) era presidente de la mesa directiva por ese mes (abril) estaba impedido legalmente para participar en la sesión de la Subcomisión, entonces, quedaban 13 miembros y siete de ellos hacían quórum.

El dictamen fue enviado a las comisiones unidas de Gobernación y Puntos Constitucionales y de Justicia para continuar el proceso, la primera, presidida por el panista Santiago Creel y la segunda, por el priista Sadot Sánchez.

La decisión desquició a Roberto Madrazo, quien, acompañado de unos 60 senadores, diputados federales y locales, presidentes municipales, líderes priistas y tabasqueños radicados en el DF, se presentó – el 20 de abril- en la Cámara de Diputados para conocer “el verdadero tamaño” de Santiago Creel, a quien responsabilizó de que hubiese procedido el juicio político en su contra.

Entregó en la oficialía de partes un documento en que acusaba a Creel de haber violado la Constitución al instalar la Subcomisión de Examen Previo que determinó la procedencia del juicio político en su contra, y posteriormente fue a buscarlo a su oficina “para entregarle personalmente el escrito”, pero no lo encontró.

Luego, con un parche en la mano, ofreció rueda de prensa en la que comparó al legislador panista con Catalina Creel, actriz de la telenovela “Cuna de Lobos”.

“Esa personalidad de Catalina Creel que sale de la televisión y que irrumpe en la Cámara de Diputados con su maldad y que ahora, su espíritu pretende convertir en Cuna de Lobos. Para honrar mi apellido, le traigo un regalo al diputado Creel, para que él pueda honrar el suyo, poniéndose un parche en el ojo”, dijo exhibiendo uno de color negro.

El 25 de agosto, la Suprema Corte asestó otro golpe a Roberto Madrazo al confirma que la Cámara de Diputados tenía competencia para investigar el uso indebido de recursos federales en Tabasco. Luego que la Comisión Plural de diputados federales indagó en Tabasco las denuncias de desvíos de recursos federales para campañas del PRI, en los comicios locales de octubre de 1997, el gobierno de Madrazo presentó otra controversia constitucional ante la Suprema Corte para tratar de impedir que la Cámara de Diputados utilizara este informe en su contra, pero, de nuevo, perdió.

El 10 de septiembre, se reunieron las comisiones unidas de Gobernación y de Justicia para votar si continuaba el procedimiento de juicio político en contra de Roberto Madrazo.

Las comisiones estaban integradas por 14 diputados del PAN, 14 del PRD, 28 del PRI, dos del PT y dos del PVEM, 60 en total.

La votación quedó empatada 30 a 30. Los panistas, perredistas y petistas votaron a favor de continuar el procedimiento; los 28 diputados del PRI y los dos del verde (Jorge Emilio González y Carolina O´farril que se había declarado legisladora “independiente”) sufragaron en contra.  El resultado, inédito en el Congreso, fue insuficiente para alcanzar una resolución sobre el juicio político al gobernador de Tabasco. El caso se entrampó, se congeló y finalmente nunca procedió.

Luego se supo que Arturo Núñez Jiménez, coordinador de los diputados federales del PRI, fue el gran salvador de Madrazo. El ex subsecretario de Gobernación reveló posteriormente que ayudó a Madrazo “cuando la embestida” del PAN y del PRD querían hacerle juicio político. “No tenían razón, pero tenían la mayoría de votos y podían haber echado andar el juicio político”, indicó. “Yo me atravesé, construí el acuerdo (con el partido verde) para que no lo enjuiciaran”, confesó.

Así, dado que existían “indicios suficientes” para presumir que Madrazo “ha hecho uso indebido de fondos y recursos federales”, también en este caso procedió incoarle juicio político. En suma, según el dictamen, existían “indicios suficientes” para presumir que Roberto Madrazo había incurrido “en violaciones graves” a los artículos 39, 40, 41 y 110 de la Constitución.

Sólo faltaba que la mayoría de los catorce diputados de la Subcomisión de Examen Previo aprobaran el dictamen para turnarlo a la siguiente instancia.

El 14 de abril de 1998, la Subcomisión de Examen Previo aprobó el dictamen y declaró procedente el juicio político en contra del gobernador Roberto Madrazo.

Siete de los 14 miembros de la Subcomisión -del PAN, PRD y PT- aprobaron el dictamen toda vez que el PRI se negó asistir a la sesión por considerar que la convocatoria no se apegaba a los términos legales.

El PRI, con seis votos en la Subcomisión, argumentó que la sesión había sido ilegal porque para hacer quórum se necesitaban siete diputados más uno.

Los opositores replicaron que como uno de sus miembros (Jorge Emilio González, del Partido Verde Ecologista) era presidente de la mesa directiva por ese mes (abril) estaba impedido legalmente para participar en la sesión de la Subcomisión, entonces, quedaban 13 miembros y siete de ellos hacían quórum.

El dictamen fue enviado a las comisiones unidas de Gobernación y Puntos Constitucionales y de Justicia para continuar el proceso, la primera, presidida por el panista Santiago Creel y la segunda, por el priista Sadot Sánchez.

La decisión desquició a Roberto Madrazo, quien, acompañado de unos 60 senadores, diputados federales y locales, presidentes municipales, líderes priistas y tabasqueños radicados en el DF, se presentó – el 20 de abril- en la Cámara de Diputados para conocer “el verdadero tamaño” de Santiago Creel, a quien responsabilizó de que hubiese procedido el juicio político en su contra.

Entregó en la oficialía de partes un documento en que acusaba a Creel de haber violado la Constitución al instalar la Subcomisión de Examen Previo que determinó la procedencia del juicio político en su contra, y posteriormente fue a buscarlo a su oficina “para entregarle personalmente el escrito”, pero no lo encontró.

Luego, con un parche en la mano, ofreció rueda de prensa en la que comparó al legislador panista con Catalina Creel, actriz de la telenovela “Cuna de Lobos”.

“Esa personalidad de Catalina Creel que sale de la televisión y que irrumpe en la Cámara de Diputados con su maldad y que ahora, su espíritu pretende convertir en Cuna de Lobos. Para honrar mi apellido, le traigo un regalo al diputado Creel, para que él pueda honrar el suyo, poniéndose un parche en el ojo”, dijo exhibiendo uno de color negro.

El 25 de agosto, la Suprema Corte asestó otro golpe a Roberto Madrazo al confirma que la Cámara de Diputados tenía competencia para investigar el uso indebido de recursos federales en Tabasco. Luego que la Comisión Plural de diputados federales indagó en Tabasco las denuncias de desvíos de recursos federales para campañas del PRI, en los comicios locales de octubre de 1997, el gobierno de Madrazo presentó otra controversia constitucional ante la Suprema Corte para tratar de impedir que la Cámara de Diputados utilizara este informe en su contra, pero, de nuevo, perdió.

El 10 de septiembre, se reunieron las comisiones unidas de Gobernación y de Justicia para votar si continuaba el procedimiento de juicio político en contra de Roberto Madrazo.

Las comisiones estaban integradas por 14 diputados del PAN, 14 del PRD, 28 del PRI, dos del PT y dos del PVEM, 60 en total.

La votación quedó empatada 30 a 30. Los panistas, perredistas y petistas votaron a favor de continuar el procedimiento; los 28 diputados del PRI y los dos del verde (Jorge Emilio González y Carolina O´farril que se había declarado legisladora “independiente”) sufragaron en contra.  El resultado, inédito en el Congreso, fue insuficiente para alcanzar una resolución sobre el juicio político al gobernador de Tabasco. El caso se entrampó, se congeló y finalmente nunca procedió.

Luego se supo que Arturo Núñez Jiménez, coordinador de los diputados federales del PRI, fue el gran salvador de Madrazo. El ex subsecretario de Gobernación reveló posteriormente que ayudó a Madrazo “cuando la embestida” del PAN y del PRD querían hacerle juicio político. “No tenían razón, pero tenían la mayoría de votos y podían haber echado andar el juicio político”, indicó. “Yo me atravesé, construí el acuerdo (con el partido verde) para que no lo enjuiciaran”, confesó.

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