IX.- CARPETAZO AL TABASCOGATE

Por: Armando Guzmán

Las presunciones de la PGR en el sentido de que el millonario gasto electoral del PRI en 1994 para la gubernatura de Tabasco pudieran provenir del lavado de dinero y narcotráfico, después de un año de investigaciones, enfurecieron a Roberto Madrazo, quien, de nuevo, emprendió otra millonaria campaña de prensa en contra del procurador Lozano Gracia, por inventar “acusaciones falsas, dolosas e inmorales”, y servir “a un partido político por encima del servicio a la nación”.

En ese ambiente de crispación política, se anunció la visita del presidente Ernesto Zedillo a Tabasco, para el 25 de junio de 1996.

López Obrador calificó de “provocación” el arribo presidencial y convocó a sus correligionarios para un mitin el domingo 23 de junio.

En la multitudinaria concentración, el líder perredista puso al presidente Zedillo el 20 de julio como fecha máxima para determinar la salida de Roberto Madrazo del gobierno de Tabasco.

Recriminó al mandatario por llegar a Tabasco “a burlarse de los tabasqueños” y convocó a manifestarse en todas las plazas públicas en repudio a la visita presidencial.

Como estaba previsto, el presidente Ernesto Zedillo arribó a Tabasco la mañana del 25 de junio. Madrazo lo recibió en el aeropuerto de Villahermosa donde se dieron un prolongado abrazo.

Con esta gira, Zedillo cerraba la otra punta de la pinza que abrió el 13 de mayo de 1995, cuando –en sorpresiva visita– proclamó que él y Madrazo gobernarían “juntos hasta el año 2000”.

En esta ocasión, el presidente resaltó que Madrazo gobernaba “por voluntad mayoritaria de los tabasqueños”, sin embargo, durante todo su recorrido tuvo que viajar en helicóptero para sortear los bloqueos carreteros del perredismo.

La visita de Zedillo desencadenó la ira de miles de perredistas que bloquearon accesos a la petroquímica La Venta, al campo petrolero Sen, el puerto petrolero de Dos Bocas y cuatro carreteras, por lo que durante ocho horas mantuvieron incomunicado por tierra buena parte del sureste del país.

“A salto de mata”, como lo definió el diputado federal perredista Octavio Romero Oropeza, la gira de Zedillo se realizó con modificaciones y cancelaciones de última hora. Desde su llegada, la comitiva presidencial se vio forzada a trasladarse en helicóptero, mientras se disponía una amplia vigilancia militar en carreteras y en los sitios donde se había previsto realizar actos presidenciales.

La modificación del itinerario propició un violento choque entre perredistas y diputados priistas que, acompañados de “porros” y armados con garrotes, pretendían desbloquear la carretera hacia el puerto de Frontera donde se serviría una comida en honor del presidente.

La comitiva de empresarios y priistas que se dirigían a la comida, programada inicialmente en la Quinta Grijalva, se vio inmersa en la refriega. El ex gobernador Mario Trujillo, desenfundó su pistola y disparó, pero resultó herido de un garrotazo en la cabeza y una pedrada en la mejilla.

El constructor y ganadero, Francisco Rubio Solís, fue golpeado, detenido y entregado a un agente del Ministerio Público.

El líder de los diputados locales priistas, Pedro Jiménez León, justificó el uso de garrotes para romper el bloqueo perredista, pero negó que se hubiera tratado de una estratagema. La violencia durante la gira presidencial arrojó un saldo de al menos 30 heridos, cinco vehículos quemados y varios más dañados.

El presidente Zedillo acortó su gira y se marchó. Los  bloqueos perredistas fueron levantados, pero la violencia se reanudó al día siguiente. Priistas tomaron el programa Telerreportaje que se transmitía por la estación radiofónica XEVA, la cual, horas más tarde, fue acusada por líderes de la cúpula empresarial de ser “instrumento para la desestabilización del estado”.

Tres días después, se cometió un atentado contra la familia de López Obrador, cuando desconocidos arrojaron al patio de la casa una bomba molotov, que cayó cerca de los cilindros de gas.

Pese a la violencia, el gobernador Roberto Madrazo optó por el silencio y al día siguiente desayunó en privado con miembros de su gabinete. El invitado de honor fue el director de Administración de la secretaría de Finanzas del gobierno madracista, Oscar Sáenz Jurado, el ex secretario de Finanzas del Comité Directivo Estatal del PRI contra quien la PGR solicitó orden de arresto.

La juez, sin embargo, no obsequió la orden de aprehensión, y Sáenz Jurado, se encargó incluso de organizar el acto presidencial en el puerto de Frontera, con el que concluyó la gira de Zedillo por Tabasco.

Un día después, el procurador Lozano Gracia informó que la PGR no citaría a declarar al gobernador Madrazo sobre la averi-guación previa relacionada al “Fideicomiso Tabasco”.

Posteriormente, la Procuraduría Fiscal de la Federación determinó que no se encontraron elementos que pudieran ser considerados delitos contra la Ley de Instituciones de Crédito por los depósitos que el Banco Unión y la Arrendadora Unión de Carlos Cabal Peniche, a través de las empresas Lomas Mil y San Carlos Word Trade México, hicieron al “Fideicomiso Tabasco” del PRI que presidía Roberto Madrazo Pintado.

La PGR había solicitado a la Procuraduría Fiscal que designara peritos para revisar la documentación sobre los gastos de campaña del gobernador Roberto Madrazo, “para una vez conocido el origen y destino de los recursos administrados por el Comité Directivo del PRI del estado de Tabasco y el contenido de los recibos, facturas y talonarios de cheques que obran en la documentación, así como los montos de los gastos efectuados, dictaminaran sobre la posible comisión de delitos fiscales”.

La decisión de la secretaría de Hacienda, a través de la Procuraduría Fiscal, contradecía el trabajo que realizaron sus propios peritos con la PGR, quienes, luego de casi un año de investigaciones, concluyeron que existían irregularidades en materia fiscal en el caso del “Fideicomiso Tabasco”.

“Nos sorprendió la decisión de la Procuraduría Fiscal, porque contradice el trabajo que realizaron sus propios peritos”, comentó una fuente de la PGR al diario La Jornada.

De acuerdo a documentos confidenciales de la PGR –hechos públicos por el reportero Álvaro Delgado en la revista Proceso- la dependencia buscó hasta donde le fue posible esclarecer los vínculos entre Madrazo y Cabal Peniche.

En intercambio de oficios entre la PGR, la Secretaría de Hacienda, la Procuraduría Fiscal de la Federación (PFF), la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), y el propio Banco Unión, se acreditaron vínculos entre ambos personajes, pero al no presentar querella, la PFF dejó a la PGR sólo con sus sospechas de una presunta defraudación fiscal.

Sobre la aportación que hizo Cabal al “Fideicomiso Tabasco”, la PFF resolvió que no había elementos para presentar querella ante la PGR, aunque aclaró: “Esta dependencia se reserva el ejercicio de sus facultades para el caso en que le sean proporcionados nuevos elementos de juicio”.

Siete meses después de iniciarse las investigaciones de la PGR, con base en la denuncia 5057/DO/95 presentada por el PRD el 13 de junio de 1995, el Ministerio Público, Cuauhtémoc Cueva, envió al procurador fiscal, Ismael Gómez Gordillo, el oficio 0049/DO96 para solicitarle información del fideicomiso y para pedirle que, “en caso de considerarlo procedente”, formulara querella por presuntos delitos fiscales.

En el “expediente confidencial” 529-V-32520, el administrador general de Auditoria Fiscal Federal de la Procuraduría Fiscal, Mario Mejía Guizar, en acuerdo con Gómez Gordillo, reclamó esa misma información a la CNBV, que les envió detalles sobre la constitución y aportaciones al “Fideicomiso Tabasco”.

No obstante, todos los intentos de la PGR para acreditar en el caso de los delitos de defraudación fiscal, peculado y  lavado de dinero, terminaron en fracaso.

Así, tras un análisis del fideicomiso priista, tres peritos de la Procuraduría Fiscal concluyeron -según oficio del 8 de abril de 1996 enviado por el subprocurador fiscal, Rafael Anzures Uribe, el director de Averiguaciones Previas de la PGR, Fernando Córdoba Lobo- que no se encontró el delito de defraudación fiscal, y argumentaron que los depósitos fueron hechos en efectivo, “lo que impide el rastreo de su origen”.

En cuanto al lavado de dinero, los analistas, señalaron que “primero tendría que materializarse algún delito previo o conexo, de lo cual no se encontraron evidencias”.

Y sobre el delito de peculado, arguyeron que la PGR no había realizado las diligencias requeridas para ese fin.

El 20 de mayo, Córdoba Lobo, envió a Gómez Gordillo un oficio en el que le dice que hay coincidencias entre los depósitos al fideicomiso priista de las dos empresas de Cabal Peniche con recursos de otras empresas del mismo propietario, lo cual podría ser constitutivo de delito.

Gómez Gordillo instruyó a su subprocurador Anzures Uribe para que verificase en la CNBV la sospecha de Córdoba Lobo, a quien le dio la razón el 23 de mayo según el oficio “confidencial” 529-V-03-01-02-31140:

“…se realizó un depósito por la cantidad de $12,440.000.00, que deriva de un cargo efectuado en la cuenta 966788-1 abierta en la sucursal Reforma de Banco Unión, SA, a nombre de Lomas Mil, SA, quien a su vez recibió similar importe de Arrendadora Unión”.

Los recursos depositados por empresas de Cabal en el fideicomiso presidido por Madrazo se obtuvieron mediante autopréstamos, lo cual era delito, sólo que la PGR no podía actuar si no se presentaba una querella.

El procurador fiscal Gómez Gordillo pidió su opinión, el 6 de julio, a la CNBV y, cuatro días después, el director general de Delitos y Sanciones de este organismo, Octavio Sosa, le aconsejó que no presentara querella, porque no había elementos constitutivos de delito.

El 15 de julio, el subprocurador fiscal Anzures Uribe transmitió estos argumentos al fiscal Córdoba Lobo.

Y con eso se finiquitó el asunto de la relación financiera entre Madrazo y Cabal Peniche.

El resto de la documentación sobre los gastos de campaña del PRI en 1994 fueron enviados por la PGR a Tabasco para que la procuraduría de Justicia, dependiente del gobernador Roberto Madrazo, continuara las investigaciones.

De entrada, y sin haberse revisado aún un solo documento, que la PGR todavía entregaba a la procuraduría de Justicia, el presidente del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), Javier López y Conde, emitió su veredicto: “Quedó al descubierto las falsedades del procurador (Antonio Lozano Gracia). No pudo probar algún delito durante un año de investigaciones”.

“Triunfó la razón. Siempre se habló que las cajas no existían. Quedó demostrado que todo fue una falsedad. No hay delitos que perseguir”, resumió.

López y Conde sustituyó en el TSJ, en enero de 1996, al ex consejero electoral, Rodolfo Campos Montejo, que avaló el triunfo “trasparente” de Madrazo en los comicios del 20 de noviembre de 1994.

Cinco agentes del Ministerio Público Federal hicieron entrega “detallada y minuciosa” de toda la documentación sobre el derroche electoral de Madrazo, las famosas “cajas de la infamia”, como les llamó López Obrador.

Para recibir el voluminoso expediente, el procurador de Tabasco, Andrés Madrigal Sánchez, comisionó al director de Averiguaciones Previas, Oscar Hernández Carbonell, bajo “supervisión” del subprocurador segundo, César A. Pérez Priego Cobián, otro ex consejero electoral que validó el fraudulento triunfo de Madrazo.

El hermano de éste, Fernando, fue coordinador de propaganda en la campaña de Madrazo, en la que gastó 992 mil 59 pesos para pintar bardas, pagar viáticos y edecanes y hasta para comprar ataúdes.

Para redondear, el procurador Madrigal Sánchez rechazó la creación de una fiscalía especial para dar transparencia a las investigaciones e impedir, de esa manera, que los acusados pudieran “autojuzgarse”.

“La Procuraduría de Justicia cuenta con el personal capacitado y los recursos necesarios para llevar a cabo, en lo que corresponde al fuero común, todas las diligencias que se requieran”, afirmó.

Ante las críticas de que actuaría como le marcara “su jefe Madrazo” para exonerar a los 21 priistas implicados en el Tabascogate, el procurador ofreció continuar las indagaciones “conforme a los principios de imparcialidad y apego a derecho”.

Sin embargo, dos semanas después de haber recibido las “cajas de la infamia”, la noche del 6 de julio de 1996 la Procuraduría General de Justicia de Tabasco difundió el siguiente comunicado:

—La Dirección General de Averiguaciones Previas de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Tabasco determinó, ante la inexistencia de lícitos, no ejercitar la acción penal relacionada con la denuncia presentada por el PRD con referencia a supuestos excesos en los gastos de campaña del candidato del PRI, para Gobernador del Estado durante 1994.

La Dirección General de Averiguaciones Previas de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Tabasco, en relación a la Averiguación Previa número DAP-12/96, integrada por motivo de la incompetencia por declinatoria de la Procuraduría General de la República de la diversa indagatoria 5057/95, que se inició con la denuncia del 13 de junio de 1995, ratificada el día 20 de ese mismo mes y año por el C. Andrés Manuel López Obrador, dado el carácter atípico de los hechos denunciados y de la interpretación del Ministerio Público Federal respecto de su calificación como delito previsto en el Código de Instituciones y Procedimientos Electorales el Estado de Tabasco, con fundamento en el artículo 138 fracción I del Código de Procedimientos Penales para esta entidad, ha decidido no realizar ninguna otra diligencia diversa a las practicadas por el Ministerio Público Federal que previno en el conocimiento de los hechos, por concluir que éstos no son constitutivos de ningún delito, procediendo a formular la determinación corres-pondiente de no ejercicio de la acción penal, de conformidad de los siguientes antecedentes:

1.- El 13 de junio de 1995 el C. Andrés Manuel López Obrador presentó denuncia de los delitos ante la Procuraduría General de la República, ratificándola el día 20 del mismo mes y año, iniciándose la Averiguación Previa 5057/DO/95.

2.- En investigación de los delitos denunciados, la Procuraduría General de la República recibió declaración ministerial de diversas personas relacionadas con la denuncia y recabó diversa documentación de las instancias privadas y oficiales correspondientes.

3.- Con fecha 5 de junio del año en curso, la Procuraduría General de la República emitió determinación en la que se declaró incompetente para seguir conociendo de los hechos, ordenando se remitieran los originales y sus anexos a esta Procuraduría General de Justicia del Estado de Tabasco.

4.- El Procurador General de la República, en la determinación de 5 de junio último, estableció, como fundamento de su incompetencia, que los hechos denunciados se habían producido en el ámbito territorial de esta entidad federativa, en especial “lo referente al delito de índole electoral contenido en sus numerales 333 inciso f en relación con el 54 y 81 del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Tabasco…”, o en el Código Penal del Estado de Tabasco respecto de los delitos electorales definidos y sancionados en el Título Vigésimo Segundo de dicho cuerpo de leyes.

5.- Atendiendo a que los supuestos contenidos en los artículos mencionados del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Tabasco, se reflejan a procedimientos y aplicación de sanciones de carácter administrativo a partidos políticos; y considerando que la misma atipicidad se pone de manifiesto en relación a los delitos electorales establecidos en el título Vigésimo Segundo del Código Penal del Estado, esta Representación Social del Fuero Común ha concluido, previo estudio y análisis de cada una de las conductas delictivas, que en abstracto prevén las normas penales referidas, no ejercitar acción penal, formulando la determinación correspondiente, precediendo a notificar al denunciante en términos establecidos por el artículo 134 del código de Procedimientos Penales para el Estado de Tabasco.

Se hace notar que tampoco procede remitir el expediente, dando vista, a las autoridades electorales para los fines señalados en los artículos 55, 56 y 57 del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales, por haberse agotado los tiempos previstos en el primero de los numerales.

El Tabascogate pues, estaba cerrado. En menos de 15 días, el gobernador Roberto Madrazo se auto investigó y se auto exoneró de las acusaciones en su contra. La impunidad, de nuevo, se impuso

El 9 de agosto, 33 días después de la exoneración, Roberto Madrazo sustituyó al procurador Andrés Madrigal por la titular de la Contraloría y Desarrollo Administrativo, Patricia Pedrero Iduarte.

Florizel Medina Pereznieto, director de Comunicación Social del gobierno, sustituyó en la Contraloría a Pedrero Iduarte, en tanto que al saliente procurador le inventaron el cargo de “Coordinador General del Programa de Desarrollo Administrativo Integral

error: EL contenido está protegido.