VIII.- EL GOLPE DE LA CORTE

Por: Armando Guzmán

El 26 de marzo de 1996, luego de ocho meses de presentada y largamente prolongada por “chicanadas” de los abogados de Madrazo, el pleno de la SCJN determinó, por unanimidad, el sobreseimiento de la demanda de controversia constitucional presentada por el gobernador de Tabasco en contra del presidente Ernesto Zedillo y el procurador de la República, Antonio Lozano Gracia.

La Corte determinó que la dependencia podía continuar con las investigaciones relacionadas con los gastos de campaña de Madrazo, incluso, ni siquiera le reconoció personalidad jurídica al gobernador para presentar la controversia, toda vez que el único facultado para hacerlo fue el presidente de la Gran Comisión del Congreso, Pedro Jiménez León.

El máximo tribunal de justicia precisó que la intervención del Ministerio Público Federal en la indagatoria no afectaba “en modo alguno la autonomía del estado de Tabasco”.   Al conocer el veredicto, Madrazo quiso convertir la derrota jurídica en triunfo:

“No implica un fallo adverso para Tabasco. No hay vencedores ni vencidos. Finalmente lo que se logró fue que la PGR respete la soberanía del estado”, respondió e insistió que era “un caso cerrado” su eventual salida del gobierno.El procurador de la República, Antonio Lozano Gracia, aclaró por su parte que sólo que se configurara algún delito federal, se integraría una averiguación previa y se consignaría al juez, en caso contrario, se pasaría el caso a las autoridades tabasqueñas.

El 26 de marzo de 1996, luego de ocho meses de presentada y largamente prolongada por “chicanadas” de los abogados de Madrazo, el pleno de la SCJN determinó, por unanimidad, el sobreseimiento de la demanda de controversia constitucional presentada por el gobernador de Tabasco en contra del presidente Ernesto Zedillo y el procurador de la República, Antonio Lozano Gracia.

La Corte determinó que la dependencia podía continuar con las investigaciones relacionadas con los gastos de campaña de Madrazo, incluso, ni siquiera le reconoció personalidad jurídica al gobernador para presentar la controversia, toda vez que el único facultado para hacerlo fue el presidente de la Gran Comisión del Congreso, Pedro Jiménez León.

El máximo tribunal de justicia precisó que la intervención del Ministerio Público Federal en la indagatoria no afectaba “en modo alguno la autonomía del estado de Tabasco”.   Al conocer el veredicto, Madrazo quiso convertir la derrota jurídica en triunfo:

“No implica un fallo adverso para Tabasco. No hay vencedores ni vencidos. Finalmente lo que se logró fue que la PGR respete la soberanía del estado”, respondió e insistió que era “un caso cerrado” su eventual salida del gobierno.El procurador de la República, Antonio Lozano Gracia, aclaró por su parte que sólo que se configurara algún delito federal, se integraría una averiguación previa y se consignaría al juez, en caso contrario, se pasaría el caso a las autoridades tabasqueñas.

Ante el inminente fallo adverso de la Corte, se preparó la estrategia propagandística para hacer creer a los tabasqueños que Madrazo no perdió. “Empate técnico”, fue la justificación.

“La cuestión jurídica no es el resul-tado de un partido de fútbol”, replicó el ministro de la Corte, Mariano A-zuela Guitrón, entrevistado vía telefónica desde el Distrito Federal por un noticiero radiofónico local.

“Si una persona ejercita cualquier acción y se le dice no probaste tu acción, es igual a perdiste; no, no veo cómo hablar de empate”, sostuvo el ministro mientras el coro oficialista clamaba: ¡”Ganó Tabasco”!

Y el PRD les dio la razón:

“Sí, ganó Tabasco, el que perdió fue Roberto Madrazo y sus cómplices”.

Para López Obrador, el fallo de la Corte representaba “una gran derrota política y moral para el ilegítimo gobierno de Madrazo”, a quien recomendó, “si tiene un poquito de vergüenza”, dejar la gubernatura.  Los priistas, por su lado, amagaron con repetir la rebelión de enero de 1995 en caso que la PGR violara “la soberanía estatal”.   Incluso, acusaron a los ministros de la Corte de haber incurrido  en “confusiones” y en al menos 62 “inconsistencias” durante el proceso de la controversia constitucional.

“Política y jurídicamente los priistas tabasqueños defenderemos al gobernador Roberto Madrazo, y si es necesario repetir el 18 y el 19 de enero, lo haremos”, amenazó el dirigente estatal del PRI, Manuel Andrade Díaz, quien desde la subdirección de Gobierno dirigió el violento desaloje de los perredistas de Plaza de Armas. El delegado del CEN del PRI, Efrén Leyva Acevedo, secundó a Andrade. Advirtió que su partido tenía “una total estrategia” y estaba presto “para volver a hacer movilizaciones y defender lo que obtuvo en las urnas para evitar que se ceda a chantajes políticos de grupos minoritarios y pongan en entredicho la legitimidad del gobernador”.

Pedro Jiménez León, presidente del PRI cuando Madrazo fue candidato, tronó en contra de Zedillo, igual que en enero de 1995, cuando incluso amenazó con separa a Tabasco de la Federación:

“No se aceptará una eventual solicitud de licencia del gobernador Roberto Madrazo, venga de donde venga, ni aunque el presidente Ernesto Zedillo así lo determine.”

El mes de marzo comenzó mal para Madrazo, quien criticó duramente a la PGR por haberse desistido del principal delito que mantuvo encarcelados, durante más de un mes, a los perredistas que bloquearon pozos petroleros.

“La aplicación de la justicia me recuerda las kermeses, donde todo mundo entra y sale de la cárcel”, respondió el gobernador, irritado, cuando empezaron a ser liberados los perredistas.

Apenas había terminado ese episodio, cuando comenzó la gestación de otro, igualmente adverso para Madrazo.

En la Ciudad de México, después de ocho meses de protestas, tres muertos, cárcel, represión y hambre, la Secretaría de Gobernación resolvió el problema de los barrenderos de Villa-hermosa, despedidos por el alcalde Jesús Taracena.

Omiso desde siempre al problema, pese a que dos trabajadores más estuvieron a punto de morir por prolongadas huelga de hambre – de 78 y 60 días— y que dos mujeres se encadenaron por más de dos meses en ventanas del Palacio de Gobierno, Madrazo tuvo que acatar el arreglo en Gobernación.

Los trabajadores exigían, entre otras cosas, reinstalación de los 320 despedidos, suspensión de 49 órdenes de aprehensión, pensión para las viudas de los tres fallecidos (por enfermedades durante su larga estadía en el zócalo y sitios insalubres de la Ciudad de México) y becas permanentes para los huérfanos. Todo se los dieron. El acuerdo fue firmado en la Ciudad de México la madrugada del domingo 24 de marzo, por los gobiernos estatal y municipal, y el líder de los barrenderos, Aquiles Magaña García. Y calidad de observadores y vigilantes del cumplimiento del acuerdo, la Secretaría de Gobernación y la Comisión Nacional de Derechos Humanos.

Tres días después, Madrazo recibió el tercer golpe, el más contundente: el fallo en contra de la SCJN.

Antes que la Corte fallara por unanimidad de sus 11 ministros, columnistas, locutores y algunos corresponsales de diarios nacionales fueron invitados a un desayuno, por el jefe de prensa del gobierno madracista, Joaquín Ramos Patiño.

Descubiertos por periodistas que no fueron invitados, por no ser incondicionales del gobierno, los comensales sólo sonrieron, nerviosos. La reunión se programó para “sensibilizarlos” sobre la controversia constitucional. Los resultados se vieron en las planas de los diarios  y se escucharon en los noticiarios al día siguiente, una vez emitido el fallo de la SCJN.

Destacaron en sus principales titulares las declaraciones de Madrazo y de los líderes priistas y empresariales. “Ganó Tabasco porque no se violó su soberanía”, clamaron

El lunes 15 de Abril, al frente de más de 150 diputados locales y federales, senadores, presidentes municipales, líderes del PRI y de organizaciones afines, periodistas y locutores, Roberto Madrazo viajó a la Ciudad de México y se presentó “voluntariamente” en la PGR para exigir que “aligerara” las investigaciones sobre sus gastos de campaña.

“Nos presentamos aquí para facilitar que el procurador Lozano cumpla con la ley y nos enteren de manera oficial y directa de que se nos acusa y cual es el estado que guardan las averiguaciones previas”, informó

Consideró que luego de diez meses de “continua, profunda e interrumpidas” investigaciones, era hora que la PGR determinara si existían delitos “y después determinar, en caso que existan, su competencia”.

Advirtió que el retraso de la indagatoria dañaba prestigios, “no solo el mío sino de muchas personas que hoy están aquí y que en su momento fueron candidatos a elección popular, y hoy hemos venidos, confiados en la ley, a pedir justicia”.

“Yo quisiera conocer precisamente de qué se me acusa. Hoy he venido a exigir se me señale de qué se me acusa”, insistió.

Y entregó un documento con un recuento  de la resolución de la SCJN sobre la fallida controversia constitucional, en la que, afirmó, “se logró” que la acción investigadora de PGR “se limite a acciones y hechos de índole exclusivamente federal”, y que los restantes, “si los hubiera”, se turnaran al Ministerio Público de Tabasco, bajo su mando.

El 26 de mayo, López Obrador contraatacó. Presentó ante la PGR otra demanda, ahora en contra de Roberto Madrazo y también del Carlos Cabal Peniche, presidente del consejo de administración del Grupo Cremi-Unión que aún se encontraba prófugo.

El ex candidato perredista a la gubernatura demandó investigar el “Fideicomiso Tabasco” constituido el 5 de agosto de 1993 en el Banca Unión de Cabal Peniche con el número PRI-2939-1, en el que figuraba como fideicomitente Madrazo Pintado, en su calidad de presidente del Comité Directivo Estatal del tricolor; como fiduciario Banca Unión y como fideicomisario el PRI.

El comité técnico del fideicomiso estaba integrado por el propio Madrazo y el secretario de Finanzas del PRI, Oscar Sáenz Jurado. Quince días después de constituido, el fideicomiso recibió una aportación de 12 millones 440 mil pesos de la empresa Lomas Mil, perteneciente a la propia institución bancaria, cantidad que, a la vez, la empresa  “recibió de Arrendadora Unión”.

Seis meses más tarde, el 22 de febrero de 1994, otro millón de pesos ingresó al fideicomiso mediante una aportación de otra empresa de Cabal Peniche: San Carlos World Trade México.

En suma, Cabal Peniche aportó 13 millones 440,000 pesos al “Fideicomiso Tabasco” –cuatro millones de dólares al tipo de cambio- en apoyo de la campaña electoral de Roberto Madrazo para la gubernatura de Tabasco.

En su denuncia, López Obrador reveló que el 13 de septiembre de 1994, ocho días después de conocerse los fraudes de Cabal, dirigencia estatal del PRI pagó al “Fideicomiso Tabasco” la cantidad de 400 mil pesos, por lo que existían presunciones de que este pago “fue para finiquitar el fideicomiso, institución que era utilizada para lavar dinero”.

El perredista imputaba a los acusados los delitos de defraudación fiscal, defraudación fiscal equiparada, encubrimiento de delitos fiscales, ocultamiento, alteración o destrucción de documentos para efectos fiscales, encubrimiento, asociación delictuosa, peculado, falsedad en declaración judicial y los que resultaran.

Como siempre, Madrazo respondió con otra mentira. Sostuvo que la existencia del fideicomiso era “un hecho público” desde su constitución y tildó la nueva demanda en su contra como un cuento de “las mil y una noche”, y de “una gran colección de distorsiones”.

Sin embargo, la prensa rastreó en las hemerotecas alguna información sobre el fideicomiso y nunca encontró referencia sobre su existencia. El 6 de junio, la PGR resolvió que sólo tenía competencia para indagar las aportaciones hechas al Fideicomiso Tabasco por parte de las empresas Lomas Mil y San Carlos World Trade México, originadas de transacciones financieras del Banco y Arrendadora Unión, “no apegadas a la exigencia y formalidad legal de la materia, por lo que se actuará de conformidad con las disposiciones fiscales aplicables al caso”.

La dependencia reveló que en el caso de Lomas MiI, la directiva estaba integrada “por personal vinculadas en hechos delictivos al señor Carlos Cabal Peniche, como lo es el señor Paúl Karan Kassab, a quien se instruye averiguación previa por el delito del lavado de dinero”, lo mismo que San Carlos World Trade México.

Después de casi un año de investigaciones, la PGR confirmó que de los 237 millones de pesos erogados por el  PRI en la campaña de Madrazo, 128 millones fueron gastados en seis meses, del 7 de junio al 20 de noviembre de 1994, pero no fue posible determinar su origen porque “gran parte de las mismas fueron hechas en efectivo, por lo que en esos casos no fue posible concluir la existencia o no de delitos federales que se hubieran tipificado por la eventual distracción de fondos federales”.

Anunció que se ejercitaba acción penal en contra del ex secretario de Finanzas del PRI estatal y director de Administración de la secretaría de Finanzas del gobierno madracista, Oscar Sáenz Jurado por falsedad de declaraciones.  En su resolutivo, la dependencia explicó que Sáenz Jurado negó que fuera su firma la encontrada en diversa documentación y que desconocía la existencia de la empresa Lomas Mil y el dinero que aportó al Fideicomiso Tabasco.

Sin embargo, un dictamen pericial confirmó que la firma de Sáenz Jurado impresa en su declaración ante el Ministerio Público de la Federación el 22 abril y el 9 de mayo de 1996, “y la firma contenida en la documentación referida fueron hechas por la misma persona”, por lo que se tipificaba “el delito de falsedad en informe dados en una autoridad distinta de la Judicial”.

La PGR informó que quedaba abierta la indagatoria “en razón de la querella que pueda presentar la Procuraduría Fiscal de la Federación”, y que no era competente “para actuar en las demás diligencias de este asunto”, por lo que remitiría la documentación correspondiente, previo desglose de la Averiguación Previa, a las autoridades tabasqueñas, “dado que se refiere a un gasto de campaña superior al fijado por la Ley Electoral del Estado de Tabasco”.

Para conocer el origen del dinero, la PGR citó a declarar a 8 implicados en el gasto de campaña de Madrazo:

Hugo Alejandro Zúñiga Rojas, que ocupó el cargo de director administrativo en el CDE PRI y luego administrado de la residencia oficial Quinta Grijalva en el gobierno de Madrazo.

Oscar Sáenz Jurado; el constructor Manuel Santandreu Hernández; Florizel Medina Péreznieto, coordinador del programa estatal de promoción del voto y  vocero oficial del gobierno de Madrazo. Ángel Augusto Buendía Tirado, coordinador de la campaña de Madrazo y después titular de la secretaría de Desarrollo Social y Protección al Ambiente; Feliciano Calzada Padrón, secretario general del  CDE del PRI en la campaña de Madrazo y luego su secretario particular en el gobierno.

Carlos Alejandro Martínez Santiago, responsable del programa permanente de la defensa del voto; Jesús Alamilla Padrón, coordinador administrativo del programa estatal de promoción al voto, y con el mismo cargo en la dirección de Comunicación Social bajo mando de Medina Pereznieto en el gobierno madracista. Y Pedro Jiménez  León, secretario de Organización y presidente del CDE durante la campaña de Madrazo, y presidente de la Gran Comisión de la Cámara de Diputados durante la comparecencia ante la PGR. Todos dijeron desconocer la existencia del “Fideicomiso Tabasco” e inclusive negaron ser los firmantes de numerosos cheques durante la campaña de Madrazo.

El constructor Manuel Santandreu fue citado para que explicara a qué obedeció que hubiese hecho un depósito en firme por 400 mil pesos en una de las cuentas del PRI de Tabasco, que la PGR rastreaba. Declaró ser simpatizante del PRI y que “periódicamente” hacía aportaciones directamente al presidente del PRI, Pedro Jiménez León, pero que no se acordaba del monto total porque no recibió recibos.

A Florizel Medina le mostraron los cheques firmados por él, pero no los reconoció, aunque aceptó que para el desempeño de su trabajo recibía dinero de la secretaría de Finanzas y que desconocía el fideicomiso del PRI. Buendía Tirado calificó de falsas las imputaciones del PRD, en el sentido de que recibía grandes sumas de dinero. Sólo obtenía, dijo, “algunos recursos” que entregaban en efectivo a los militantes “para sus gastos”.

Calzada Padrón aceptó que sólo recibía “un pequeño presupuesto para gastos”. Zúñiga Rojas aseguró que nunca firmó cheques y los que se le presentaron, con su firma, no los conoció, porque eran “fotocopias”. Aceptó que hacía pagos en efectivo, para dar agilidad a los gastos porque proveedores solicitaban que se les pagara “de inmediato y en efectivo”.

A Sáenz Jurado se le mostró el acta constitutiva del Fideicomiso PRI f-2939-1 y lo desconoció porque, aunque se trataba de una copia certificada, no tenía “ningún valor” para él. Martínez Santiago afirmó que no recibía dinero en efectivo ni en cheques, y cuando se le mostraron centenares de éstos para que dijera si era su firma, respondió que “probablemente sí, probablemente no”. Alamilla Padrón también desconoció las decenas de cheques que le mostraron con su firma: “Es probable que sea, pero también es probable que no”, dijo.

Jiménez  León justifico que el dinero se recaudó de  “rifas de un departamento de varios automóviles, una serie de sorteos ráscale, la realización de espectáculos musicales, cenas de matrimonios y muchas actividades más”. Cuando se le exhibieron cheques con su firma, para que confirmara si era legítima, respondió: “No puedo aceptar ni negar, en virtud de que aparecen siete firmas diferentes en pólizas y recibos en los que aparece mi nombre”.

Pese a la negativa, la PGR acreditó que muchas de las firmas de los cheques sí correspondían a los interrogados, de acuerdo con los dictámenes grafoscópicos de sus peritos. La de Martínez Santiago correspondía a las estampadas en 31 pólizas de cheque y 18 recibos. La de Alamilla Padrón correspondía a la plasmada en 43 pólizas de cheques, 20 recibos y 7 oficios. La de Jiménez León estaba en 89 pólizas de cheque, 40 recibos y 5 oficios. Y la de Medina Pereznieto sí correspondía a dos oficios dirigidos a Sáenz Jurado, el único que fue consignado por la PGR a un juez por el delito de informes falsos rendidos ante una autoridad distinta a la judicial.

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