VI.- LA CAÍDA DE MOCTEZUMA

Por: Armando Guzmán

Narcotráfico, lavado de dinero, peculado y delitos fiscales podrían ser el origen de una parte de los 237 millones de pesos que Roberto Madrazo Pintado derrochó en su campaña por la gubernatura de Tabasco en 1994, consideró el procurador general de la República, Antonio Lozano Gracia, en respuesta a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) por la controversia constitucional presentada en su contra por el gobernador Roberto Madrazo el 21 de agosto de 1995.

En 78 fojas y un anexo de 236 cuartillas -entregada el 4 de septiembre de 1995 al máximo tribunal del país- el procurador refutó, punto por punto, los cinco “conceptos de invalidez” expuestos por Madrazo para alegar que Lozano Gracia violaba “la soberanía de Tabasco”, usurpaba funciones e invadía “jurisdicción” estatal, al investigar los gastos que realizó en su campaña para gobernador.

Esos presuntos delitos, respondió el procurador, fundamentaban la investigación que realizaba el Ministerio Público Federal con base en la denuncia presentada por López Obrador el 13 de junio.

“Pudieron haberse cometido delitos federales, por parte de personas físicas o morales, tales como defraudación fiscal, falsificación de documentos fiscales, y aun el financiamiento mediante actividades ilícitas en materia federal, como narcotráfico y el lavado de dinero proveniente de este ilícito”, alertó Lozano Gracia.

“También se pudo haber cometido peculado, si se desviaron fondos públicos federales, o si se fueron incorporando directamente a algún partido político”, presumió.

En consecuencia, agregó Lozano Gracia, “estos hechos son objeto de la averiguación previa que realiza el Ministerio Público Federal, por lo que solamente al concluir dicha indagatoria se logrará acceder a la conclusión lógica y jurídica correspondiente”.

En su respuesta a la SCJN obtenida y difundida por Proceso en su edición del 11 de septiembre de 1995- el procurador Lozano Gracia rebatió la “obtusa, oscura, confusa y contradictoria” denuncia que, en su contra, presentaron el gobernador Roberto Madrazo; el líder del Congreso local, Pedro Jiménez León, y el procurador de Justicia de Tabasco, Andrés Madrigal Sánchez.

Apoyándose en la Constitución de Tabasco, el procurador sostuvo que tanto Madrazo como Jiménez León y Madrigal Sánchez, carecían de atribuciones legales para presentar la denuncia.

Según el artículo 36 de la Constitución de Tabasco -señalaba Lozano Gracia- es facultad exclusiva del Congreso local reclamar ante la SCJN cuando una ley o acto del gobierno federal constituya una violación a la soberanía del estado.

Ni Madrazo, ni Jiménez León, ni Madrigal Sánchez, aseguró, acreditaron “que haya existido una deliberación en el Congreso estatal para tal efecto, y menos la expedición de una ley o decreto”, como lo obliga el artículo 28 de la misma Constitución local.

Tampoco, según el artículo 51, Madrazo tenía entre sus atribuciones ejercer tal acción y, “todavía con mayor razón”, carecía de ellas el procurador Madrigal Sánchez, de acuerdo con la Ley Orgánica de la Procuraduría General de Justicia del Estado.

“El señor Pedro Jiménez León también carece de facultades para iniciar esta con-tro-versia, toda vez que no es posible pensar que la decisión de uno solo de sus miembros del Congreso estatal, así sea su presidente, puede tener fuerza legal de un decreto o ley de ese órgano colegiado.”

Así, reprochaba Lozano Gracia, tanto Madrazo como Jiménez León y Madrigal Sánchez “han violado temeraria y gravemente no sólo la propia ley fundamental estatal, sino el pacto federal, pues han invadido las funciones del Poder Legislativo, pretendiendo, seña-ladamente el gobernador del estado, que el Legislativo se deposite en un solo individuo”.

“Tan autocrática actitud sin duda atenta contra las bases mismas de nuestra organización política, refleja desprecio y desapego por la forma de gobierno que el pueblo de México y el pueblo de Tabasco se han dado al ejercer su soberanía y asumirla en sus respectivas constituciones políticas.”

“Si los señores Roberto Madrazo y Pedro Jiménez León, autores de la presente controversia, se sienten agraviados por las acciones que dentro del marco de la ley realiza la Procuraduría General de la República, deben acudir ante el juez federal en demanda de amparo y protección de la justicia de la Unión, no siendo la vía idónea la que ahora se intenta”, puntualizó el procurador.

Y advirtió: “El Ministerio Público Federal investiga hechos presuntamente delictivos de los que pudieran resultar responsables ciudadanos, independientemente de sus calidades espe-cíficas o de que incluso sean go-bernadores de algún estado, presidentes de algún Congreso local o promotores de justicia estatales”.

“El principio de igualdad ante la ley exige que todos los ciudadanos sean tratados de la misma manera en circunstancias semejantes, es decir, sin distinción. La calidad de gobernador o de candidato a gobernador no puede ser un excluyente del delito, porque ello significaría impunidad”, manifestó.

Dividido en tres partes, Lozano Gracia sustentó jurídicamente la competencia de la PGR para investigar el gasto de campaña de Madrazo. En la primera, refutó todos los hechos aludidos por la parte deman-dante para sustentar su inconformidad; en la segunda desglosó 10 causales por las que la SCJN de-bería declarar improcedente la denuncia en su contra y, en la tercera, expuso con amplitud los fundamentos legales que facultaban, obligaban y autorizaban la acción del Ministerio Público Federal en el caso.

En su denuncia, Madrazo, Jiménez León y Madrigal Sánchez exigían que la demanda del PRD fuera archivada. El procurador de la República respondió:

“Es evidente que la PGR no podría, de ninguna manera y sin incurrir en grave responsabilidad, archivar, sin mayor trámite, como pretenden los señores actores, las indagatorias respecto a la denuncia del señor Andrés Manuel López Obrador.”

Y agregó: “La PGR tuvo que admitir la demanda penal, independientemente de que pudiera ser constitutiva de delitos federales o del ámbito local, pudiendo incluso no contener elementos constitutivos de delito alguno”.

Por su parte, el presidente Ernesto Zedillo, a través de la secretaría de Gobernación, respondió escuetamente a la SCJN que el Ejecutivo federal no tenía “nada que ver con el problema suscitado en esa entidad (Tabasco)”.

En Tabasco, Roberto Madrazo rechazó la “afirmación” del procurador Lozano Gracia de que pudo haber dinero del narcotráfico en su campaña por la gubernatura y amenazó:

“Yo espero que esta afirmación tenga soporte para no hacerse acreedores, quienes lo han dicho, a una deman-da de parte nuestra”. Aseguró que el dinero gastado en su campaña provinieron de fuentes “conforme a la ley”, y acusó a la PGR de abordar temas “sin ningún fundamento”, como el relacionado a los recursos “que supuestamente provinieron de fuentes ilícitas para financiar nuestra campaña electoral”.

“Es muy temerario y ligero el juicio de la PGR al afirmar que hay recursos del narcotráfico en nuestra campaña”, refutó.

– ¿Está usted seguro que no existe nada ilícito en lo que se menciona y se está investigando?

– “Absolutamente. Nosotros vamos a comprobar fehacientemente que esto es una comedia montada por dos personajes conocidos por todos ustedes”, contestó antes de viajar a Estados Unidos al frente de 40 funcionarios y empresarios en su segunda “gira internacional”.

“Estoy seguro que no hay dinero del narcotráfico implicado en el gasto de campaña del gobernador Roberto Madrazo”, respondió en la misma sintonía el secretario de Gobierno, José Manuel Tellaeche Bosch, quien, machacaba una y otra vez, que no había crisis política en Tabasco.

“La crisis está en los periódicos no aquí. La situación política está tranquila a excepción de los problemas metereológicos”, res-pondió en una entrevista.

La respuesta del procurador Lozano Gracia a la SCJN, publicada por el reportero Álvaro Delegado en Proceso, desató en Tabasco una campaña de diatribas en contra de la revista.

“Proceso sirve a Lozano”, cabeceó a ocho columnas en su edición del martes 12 de septiembre el periódico Tabasco Hoy, publicando la portada de la revista en su primera plana.  La mayoría de los periódicos, noticieros de radio y columnistas se sumaron a los ataques contra Proceso en defensa del gobernador, quien el 14 de septiembre sufrió otro revés de la SCJN: Rechazó por unanimidad el recurso de reclamación de Madrazo en contra del ministro instructor Vicente Aguinaco Alemán, quien en su momento declaró improcedente la petición del gobernador para que la PGR, mientras se deshogaba la demanda de controversia constitucional, sus-pendiera las investigaciones en su contra.

López Obrador y José Agustín Ortiz Pinchetti, consejero también del IFE, fueron los otros dos invitados. “Ahí me presentaron a Moctezuma”, relató López Obrador a Proceso.

Los comicios en Tabasco dominaron la charla. El futuro secretario de Gobernación tomaba los hilos de la política nacional y prometía que el gobierno federal y estatal jugarían limpio en Tabasco, aunque reconocía que era imposible revertir la iniquidad de la campaña.

Dos días después de las elecciones, y mientras las autoridades electorales maniobraban para “cuadrar votos” y desechaban impugnaciones de la oposición, se acordó otra cena en casa de Creel.

Ante los mismos invitados de la primera vez, Moctezuma ofreció esta vez que si el PRD probaba que había irregularidades en más del 20% de las casillas, se declararía inválida la elección.

En la segunda charla, Moctezuma se mostró “bien intencionado, respetuoso y tolerante”. El 27 de diciembre, el ya secretario de Gobernación llamó por teléfono a casa de López Obrador y le hizo la propuesta de revisar las actas y documentos electorales. El excandidato perredista aceptó y se acordó –con la anuencia del PRI nacional y de Madrazo que los consejeros ciudadanos revisaran las actas y emitieran una opinión.

Para ello, cada partido designó un representante y Gobernación otro. El 30 de diciembre, Creel y Ortiz Pinchetti informaron a Moctezuma, antes que a nadie, el resultado de análisis: habían encontrado irregularidades en el 78% de la documentación presentada. Moctezuma habló entonces con las partes involucradas y se acordó no revelar el contenido del informe.

Sin embargo, el PRI de Tabasco se adelantó y filtró a la prensa un dictamen tergiversado en el que supuestamente los consejeros ciudadanos no habían encontrado problemas en la documentación.

Este hecho probó a López Obrador que Moctezuma “quería hacer bien las cosas pero actuaba con mucha candidez”. Debió calcular que si el informe resultaba favorable a la oposición “de todas formas Madrazo no iba aceptar nada, como finalmente sucedió”.

En los primeros días de enero, Moctezuma y Obrador se volvieron a reunir en la oficina de Gobernación. Porfirio Muñoz Ledo y Beatriz Paredes Rangel fueron testigos.

A raíz del estudio de Creel y Pinchetti, Moctezuma ofreció nuevas elecciones en Tabasco, siendo avalado por la palabra presidencial. Con esta garantía, el PRD acudió a Los Pinos y ante el presidente Zedillo como testigo –el 17 de enero– firmó el Acuerdo Político Nacional con el PRI, PAN y PT.

Los primeros días del mes de Julio, luego de prolongado silencio, el presidente del Consejo Estatal Electoral (CEE), Gonzalo Quintana Giordano, por fin enfrentó a prensa, pero no en Tabasco, sino en las playas de Cancún. Hasta allá viajaron reporteros tabasqueños para arrancar algunas palabras al responsable de organizar los fraudulentos comicios que instalaron en la gubernatura a Roberto Madrazo.

Desde que reventó el Tabascogate, Quintana Giordano era el hombre más buscado por la prensa. Contradictorio, como en todo el proceso electoral, dijo que continuaba “pendiente” que el Consejo Estatal Electoral (CEE) conociera y analizara el dictamen que una supuesta comisión del Instituto Estatal Electoral (IEE) reportaría sobre gastos de campaña de los partidos políticos.

El empresario, quien al asumir el cargo en diciembre de 1993 aceptó ser “ignorante” de las leyes electorales aseguró que en la próxima sesión del CEE que no se reunía desde el 12 de diciembre de 1994 tendría a su disposición “el reporte de la comisión dictaminadora del IEE”.

Interrogado sobre si el PRI respetó el tope de campaña para la gubernatura de 4 millones 939,000 pesos, respondió que si hubiese irregularidades la comisión dictaminadora hubiera emitido una resolución para informar al partido en cuestión.

“Pero como no hubo tal resolución, el dictamen fue en el sentido de que se respetó el tope”, dijo en abierta contradicción a que el CEE no conocía aún el reporte del IEE.

El mencionado dictamen se basó, “exclusivamente en un informe escrito del PRI porque no llegaron a manos de la comisión dictaminadora los comprobantes de los gastos que se comentan”, indicó en tácito reconocimiento a la violación del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales de Tabasco (Coipet).

En párrafo 2 del artículo 55 del Coipet establecía que los gastos de campaña debían presentarse dentro de los sesenta días siguientes, a partir del día de la jornada electoral.

Los comicios fueron el 20 de noviembre de 1994. Los gastos de campaña debieron presentarse a más tardar el 20 de enero. Quince días antes de esa fecha, el CEE debió constituir una comisión del IEE para recepcionar la documentación, revisar y dictaminar sobre los gastos de campaña.

En un plazo no mayor a 90 días, la comisión debió revisar los gastos de campaña para gobernador, 17 presidentes municipales y 29 diputados locales.

El 20 de abril, debió informar al CEE su dictamen y si hubiese encontrado alguna irregularidad, se otorgaría un plazo de diez días al partido político responsable para que presentara aclaraciones o rectificaciones.

Y en 20 días más -hasta mayo 20-  elaborar su dictamen final para presentarlo ante el CEE “dentro de los treinta días siguiente a su conclusión”, es decir, el 20 de junio como fecha máxima.

Sin embargo, Gonzalo Quintana aseguraba desde Cancún, el 2 de julio, que aún estaba “pendiente” que el CEE conociera y analizara el dictamen de la comisión revisora de los gastos de campaña, pese a que el plazo había concluido el 20 de junio.

Rafael López Cruz, representante del PRD ante el CEE, tachó de “cínicas” las declaraciones de Quintana, pues nunca se constituyó la referida comisión revisora de gastos de campaña “porque desde el 12 de diciembre se suspendieron las sesiones y no convocaron a una más para defender el fraudulento triunfo de Roberto Madrazo”.

Recordó que antes que se venciera el plazo – 20 de enero-  para entregar los gastos de campaña, se presentó ante la CEE “pero nadie me recibió la documentación porque los principales funcionarios electorales se estaban mudando a los nuevos cargos ofrecidos por Madrazo”.

Por ello, afirmó, el PRD “no presentó su gasto de campaña como tampoco lo hizo el PRI ni otro partido”.

A seis meses de gobierno madracista, Tabasco se convulsionaba en protestas, reclamos y manifestaciones, en espera de la resolución de la PGR en torno al gasto de campaña de Madrazo.

Plaza de Armas y la Quinta Grijalva eran centros permanentes de inconformidades y de huelgas de hambre como último recurso para conseguir audiencia y ser escuchados por el cuestionado gobernador.

Hostigado y para demostrar que gobernaba “para todos”, el mandatario inició giras por municipios gobernados por el PRD, rodeado de 30 guardaespaldas e ignorado por los alcaldes del sol azteca.

Los empresarios, tradicionales aliados, también protestaban por los primeros turbios negocios del gobierno madracista. Principalmente del ramo automotriz y de seguros, quienes se quejaban de millonarias compras sin licitación pública como establecía la Ley de Adquisiciones de Bienes y Servicios del gobierno estatal.

Fernando Pazos de la Torre (ya fallecido) -hermano del economista Luis Pazos-, José Miaja Álvarez y Héctor Castillejos, concesionario de la Ford y gerentes de ventas de la Chevrolet y Volkswagen, respectivamente, denunciaron que el gobierno madracista adquirió 60 vehículos sin concurso público.

Los vehículos -30 Cavalier y 30 camionetas Pick Up para la policía judicial y preventiva- fueron comprados directamente a la otra agencia Chevrolet, propiedad del empresario Sergio Cruces Galán, miembro del comité de financiamiento del PRI y cabeza del grupo “Fuerza Ciudadana” durante la campaña electoral de Madrazo.

Hasta Junio de 1994, la empresa Crufer Accesorios -propiedad de Cruces Galán- tenía deudas por 22 millones de pesos, según un informe confidencial del Centro Bancario de Villahermosa.

Al término del gobierno de Roberto Madrazo, el empresario Galán Cruces era ya propietario en Tabasco de las agencias distribuidoras de los vehículos de lujo BMW, Cadillac, Porsche y Hummer.

A la protesta se sumó el presidente de la Junta Coordinadora Empresarial, Martín Rueda de León, quien acusó que las agencias de Seguros y Fianzas de Tabasco – de la cual también era dirigente- fueron engañadas por el gobierno estatal.

Denunció que mientras la secretaría de Planeación y Finanzas los invitaba a participar para contratar seguros y fianzas para sus bienes, cerraba contratos con una compañía del Distrito Federal.

“Esto es una competencia desleal”, acusó el líder empresarial en una reunión con el gobernador Madrazo, quien solo ofreció “investigar”.

Así como la procuraduría de Justicia ofreció “investigar” el atentado en contra de la vida del periodistas Isidoro Pedrero Totosaus, ocurrido la madrugada del 26 de junio.

La recámara del comunicador fue baleada tres veces. Su esposa y dos hijos dormían en otra habitación. Pedrero Totosaus no se encontraba. Había salido un día antes al municipio de Tenosique donde comió con el vocero del presidente Ernesto Zedillo, Carlos Salomón Cámara, originario -igual que el periodista – de ese municipio.

“Responsabilizo directamente a Roberto Madrazo del atentado contra mi vida. La bestia anda suelta”, acusó el destacado columnista ante los medios de comunicación.

Pedrero Totosaus era de los pocos periodistas críticos del gobierno de Madrazo y par-ticularmente de derroche priista en la campaña para la gubernatura “mientras el pueblo tabasqueño se debate en la miseria y el hambre”, escribió en una de sus leídas columnas políticas. Enfermo, el comunicador murió en diciembre de 2004.

El terrorismo policiaco se agudizó cuatro días después del atentado en contra del periodista.

El 30 de junio policías del municipio de Huimanguillo asesinaron al joven campesino Francisco Osorio López, luego de un zafarrancho entre labriego y uniformados.

Al día siguiente, el reo Héctor Rodríguez Hernández fue asesinado en el Centro de Readaptación Social de Villahermosa y su cuerpo hallado en un camión recolector de basura donde pretendieron sacarlo.

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